Andorra despenaliza el aborto

El Gobierno de Andorra ha aprobado un proyecto de ley que elimina la responsabilidad penal de la mujer que aborte. Los médicos seguirían expuestos a sanción y la sanidad pública no financiaría las intervenciones.

La mujer que aborte en Andorra dejará de ser castigada por el Código Penal si prospera el proyecto de ley que el Gobierno de Andorra aprobó este miércoles, 28 de octubre, tras años de negociaciones con la Santa Sede y varios aplazamientos en la presentación de la reforma.

El anuncio lo hizo el ministro de Relaciones Institucionales, Educación y Universidades, Ladislau Baró, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según informa Joel Picón en La Veu Lliure, el Ejecutivo ha dado luz verde a un proyecto de ley cualificada que modifica el artículo 117 del Código Penal andorrano.

La reforma supone un cambio en el tratamiento penal del aborto en el Principado, aunque no implica su legalización ni el reconocimiento de un acceso general a esta práctica dentro del país. Responde a un compromiso asumido por el Gobierno de Xavier Espot desde el inicio de la legislatura y recogido en el programa electoral de Demòcrates per Andorra.

La fórmula no es nueva en Europa. Mónaco, otro microestado de identidad católica, aprobó en 2019 la despenalización de la mujer que aborta, y su proyecto mantenía las sanciones para cualquier profesional sanitario que hubiera practicado un aborto, en términos casi idénticos a los que ahora se proponen en Andorra. Diez años antes, el Principado había autorizado el aborto en tres supuestos, el riesgo para la vida o la salud física de la mujer, la alta probabilidad de trastornos graves e irreversibles del feto y la violación. El entonces arzobispo de Mónaco, Bernard Barsi, vio en aquella ley la puerta abierta a la generalización del aborto y advirtió de que «todo lo demás corre el riesgo de seguir».

El argumento del Gobierno

Baró defendió la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de la vida, que recoge el artículo 8 de la Constitución andorrana, y la situación jurídica de las mujeres que deciden abortar. Recordó que la modificación de la legislación ya se había planteado en legislaturas anteriores, pero que ha sido el actual Ejecutivo el que ha asumido el compromiso de abordarla.

El ministro sostuvo que la protección de la vida no puede pasar por la criminalización de la mujer que toma la decisión de abortar. Este planteamiento es el principal fundamento de la reforma, que pretende eliminar las consecuencias penales para la mujer sin alterar los elementos esenciales del sistema institucional andorrano.

Una negociación condicionada por el Coprincipado

La despenalización del aborto ha sido una de las cuestiones más delicadas de la política andorrana de los últimos años por la singularidad de su sistema constitucional. Andorra es un Coprincipado parlamentario en el que el presidente de la República Francesa y el obispo de Urgel ejercen conjuntamente la jefatura del Estado, una estructura que ha condicionado las negociaciones por la posición contraria de la Iglesia al aborto. 

Con información de: https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=56282