22.04.2026
Canadá promedia 45 "muertes asistidas" al día tras aprobación de programa oficial
20.03.2026
Canadá se acerca a las 100.000 «muertes asistidas». El debate sobre la eutanasia entra en una nueva fase.
Las cifras oficiales indican que 76.475 canadienses han fallecido por eutanasia entre 2016 y los datos más recientes disponibles. Con un aumento anual de las cifras —y aún pendientes los datos de 2025—, la proyección de que el país superará los 100.000 casos en 2026 se considera inevitable. El ritmo es sorprendente: aproximadamente 45 muertes asistidas al día. Solo en 2024, 16.499 personas fallecieron bajo este programa.
Menos de una década después de legalizar la eutanasia, Canadá se acerca a un umbral que pocos países han contemplado: más de 100 000 muertes llevadas a cabo bajo un programa estatal de muerte asistida. Lo que comenzó en 2016 como una respuesta limitada al sufrimiento médico extremo se ha convertido en uno de los regímenes de eutanasia más extensos del mundo, planteando interrogantes éticos, legales y culturales que ahora trascienden sus fronteras. El sistema, conocido como Asistencia Médica para Morir (MAiD, por sus siglas en inglés), fue implementado durante el gobierno de Justin Trudeau. En aquel entonces, se presentó como una opción limitada para pacientes con enfermedades terminales. Sin embargo, desde entonces, su alcance se ha ampliado significativamente, tanto en la ley como en la práctica.
Las cifras oficiales indican que 76.475 canadienses fallecieron mediante eutanasia entre 2016 y los datos más recientes disponibles. Con un aumento anual de casos —y aún pendientes los datos de 2025—, se prevé que el país supere los 100.000 casos en 2026. El ritmo es alarmante: aproximadamente 45 muertes asistidas al día. Solo en 2024, 16.499 personas fallecieron bajo este programa.
Estas cifras han catapultado la asistencia médica para morir (MAiD) a la lista de las principales causas de muerte en Canadá. Según los críticos, ahora se sitúa como la quinta causa más común, después de enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, así como los accidentes, lo que indica no solo su magnitud, sino también su normalización. Para sus defensores, el programa refleja un modelo avanzado de autonomía del paciente y atención compasiva. Para sus críticos, representa un cambio profundo en la forma en que la sociedad entiende la vulnerabilidad, el sufrimiento y el papel del Estado. El debate se ha intensificado a medida que los criterios de elegibilidad se han ampliado más allá de las enfermedades terminales.
Un punto de inflexión clave se produjo en 2021 con la aprobación del Proyecto de Ley C-7, que amplió el acceso a la atención médica a personas con enfermedades crónicas, incluso cuando la muerte no era inminente. Este cambio legislativo supuso una ruptura con el marco original y abrió la puerta a nuevas ampliaciones que siguen en debate. Entre las propuestas más polémicas se encuentra la inclusión prevista de personas cuya única condición subyacente sea una enfermedad mental. Si bien esta ampliación está actualmente prohibida, su entrada en vigor está prevista para 2027, tras las demoras ocasionadas por la oposición de profesionales médicos, expertos en salud mental y la mayoría de los gobiernos provinciales. En febrero de 2024, las autoridades federales acordaron posponer su implementación, reconociendo la complejidad y la sensibilidad del tema.
Al mismo tiempo, han surgido debates —aún en fase exploratoria— sobre la posibilidad de extender el marco legal a menores, incluidos los recién nacidos en circunstancias médicas extremas. Si bien la legislación canadiense no permite actualmente tal medida, la mera existencia de estos debates evidencia el profundo cambio que se ha producido en menos de diez años. La opinión pública se ha polarizado cada vez más. Voces como la de Kelsi Sheren argumentan que el programa se ha alejado considerablemente de su propósito original, sugiriendo que la muerte asistida ya no se limita a casos excepcionales, sino que se ha convertido en un recurso para personas que enfrentan una combinación de discapacidad, aislamiento, pobreza o angustia psicológica.
Profesionales de la medicina, como Jonathan Edwards, han expresado preocupaciones similares, describiendo la asistencia médica para morir como un sistema que se está expandiendo rápidamente tanto en escala como en alcance. Por su parte, el gobierno canadiense ha establecido mecanismos de asesoramiento —incluidos comités que reúnen a expertos y defensores— para evaluar el desarrollo futuro del programa. Estos organismos tienen la tarea de desenvolverse en un complejo panorama político donde confluyen la legalidad, la ética médica y la responsabilidad social. Lo que distingue el caso canadiense no es solo el número de fallecimientos, sino la rapidez con la que ha evolucionado el marco normativo.
En menos de una década, el país ha pasado de un modelo restrictivo centrado en los cuidados paliativos a un sistema más amplio que incluye enfermedades no terminales y contempla futuras ampliaciones. Esta trayectoria ha atraído la atención internacional, especialmente en países donde la eutanasia sigue siendo ilegal o está estrictamente controlada. Para algunos, Canadá representa un modelo de libertad individual; para otros, un ejemplo aleccionador de cómo las garantías legales pueden erosionarse gradualmente bajo la presión social y política.
