03.11.2026
Abortos incrementan en EU por envío de píldoras abortivas por correo
03.11.2026
El acceso al aborto a través de la telemedicina y el envío de píldoras abortivas a domicilio por correo ha sustituido a los viajes a otros Estados como forma principal de eludir las prohibiciones del aborto en los Estados provida.
El 24 de junio de 2022 la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo histórico en el caso Dobbs anulando el derecho constitucional al aborto que la misma Corte había concedido en 1973 a través del célebre caso Roe v. Wade. Así la Corte devolvió a cada Estado de la Unión la autoridad para regular, restringir o prohibir el aborto. Se trató de una victoria muy importante del movimiento provida, pero no del fin de su lucha a favor del derecho a la vida de todos los seres humanos desde su concepción. Lamentablemente, a pesar de que después de la revocación de Roe v. Wade muchos Estados promulgaron leyes que prohíben el aborto, la cantidad anual de abortos en los Estados Unidos ha seguido creciendo, pasando de 930.000 en 2020 a 1.100.000 en 2025.
Las mujeres que quieren procurarse un aborto y residen en Estados que han prohibido el aborto tienen dos formas básicas de eludir las restricciones legales de su Estado: viajar a un Estado donde el aborto es legal para realizarse el aborto allí; o bien consultar a un médico a distancia para que le dispense medicamentos abortivos, que luego le son enviados directamente a su domicilio por correo. En este segundo caso la mujer termina realizando un aborto farmacológico en su propia casa sin supervisión médica presencial, lo que entraña riesgos serios para su salud.
Según un estudio de la organización Society of Family Planning, en 2025 los abortos provistos mediante telemedicina y envío postal fueron más de 300.000, el 28% de todos los abortos clínicos. Se suman aquí dos tendencias: una tendencia de larga data a la sustitución del aborto quirúrgico por el aborto farmacológico; y una tendencia más reciente a la transformación del aborto farmacológico en un «servicio» digital y a domicilio.
Según otros estudios, en los Estados con prohibición total del aborto, la mayoría de las mujeres ya no viaja a otros Estados para recibir atención presencial. En su lugar, optan por la vía digital y postal. En 2025, el número de mujeres que usaron telemedicina con fines abortivos desde Estados restrictivos (más de 90.000) superó al de aquellas que viajaron (cerca de 64.000).
Este fenómeno se está dando a pesar de que unos quince Estados han prohibido el uso de la telemedicina para el aborto y el envío postal de píldoras abortivas. La clave del auge del aborto por correo radica en los marcos legales de Estados con gobiernos demócratas. Esos Estados han aprobado leyes que blindan a sus médicos de repercusiones legales externas, permitiéndoles recetar legalmente mifepristona y misoprostol a pacientes que residen en Estados donde el aborto es ilegal y enviar los fármacos por correo postal.
A esto se suma la existencia de alternativas autogestionadas y redes clandestinas más allá del sistema médico formal. Existen plataformas internacionales y redes comunitarias locales que envían medicamentos abortivos de forma discreta, empaquetados en sobres comunes sin marcas institucionales para sortear las normativas de los Estados con legislaciones restrictivas.
El auge del «aborto por correo» ha ocurrido en desafío directo a las prohibiciones de los Estados provida. No es que las leyes restrictivas de éstos no se apliquen, sino que las autoridades de esos Estados se enfrentan a barreras de jurisdicción que les impiden castigar lo que ocurre fuera de sus fronteras. El sistema federal estadounidense impide que un Estado aplique sus leyes criminales dentro de otro Estado. Los proabortistas aprovechan esto mediante los siguientes tres mecanismos (principalmente el primero).
Las leyes de escudo (shield laws). En los Estados de mayoría demócrata (como California, Massachusetts y Nueva York), los gobiernos del Estado prohíben a sus propios funcionarios, policías y jueces cooperar con los Estados provida en la aplicación de las leyes que restringen el aborto. Por ejemplo, si Texas acusa penalmente a un médico de Nueva York por enviar píldoras abortivas por correo a Texas, Nueva York se niega a detenerlo o extraditarlo. Además, los Estados proaborto prohíben compartir historiales médicos o registros de llamadas con los fiscales de los Estados provida y protegen las licencias médicas y los seguros de mala praxis de los médicos abortistas para que sigan ejerciendo a distancia sin temor a represalias en su Estado de residencia.
Vacíos en la persecución a la paciente. La inmensa mayoría de las leyes aprobadas en los Estados provida están concebidas para castigar penalmente al proveedor del aborto (el médico o la clínica), no a la mujer embarazada. Dado que el médico está protegido físicamente en otro estado por una shield law, los fiscales provida se quedan sin un sujeto claro a quien procesar dentro de su territorio. Algunos Estados provida están buscando vías para procesar penalmente la facilitación o el uso autogestionado de pastillas, pero en la práctica esta vía es muy difícil de aplicar debido a la privacidad del correo postal.
Logística postal y redes internacionales. El envío físico de los medicamentos utiliza canales que dificultan la fiscalización estatal. El Servicio Postal de los Estados Unidos es una agencia del gobierno federal. Los Estados no tienen la facultad legal de abrir la correspondencia federal de los ciudadanos sin una orden judicial federal detallada. Además, organizaciones como Aid Access operan de manera que las pone fuera del alcance de la justicia estadounidense, puesto que envían los fármacos en paquetes discretos y genéricos desde el exterior del país directamente al domicilio de la paciente.
La contraofensiva provida
Las autoridades de los Estados provida están tratando de cerrar estas brechas a través de tres nuevas estrategias legales.
Demandas ante la Corte Suprema. Estados como Alabama, Arkansas y Luisiana han presentado demandas ante la Corte Suprema de los Estados Unidos argumentando que las shield laws de los Estados de mayoría demócrata son inconstitucionales porque interfieren con la soberanía de sus leyes internas.
Presión sobre las farmacias. Los fiscales generales conservadores presionan y amenazan a las grandes cadenas de farmacias para evitar que distribuyan mifepristona y misoprostol por correo en sus Estados.
La Ley Comstock. Sectores conservadores buscan revivir una ley del siglo XIX (la Ley Comstock) a nivel federal para prohibir por completo el transporte de cualquier medicamento o material destinado al aborto a través del servicio postal nacional.
Además, varias organizaciones contrarias al aborto han escalado batallas en cortes federales intentando que se anule la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que autoriza la distribución de mifepristona por correo.
