12.11.2025
Logran frenar propuesta para censurar sacerdotes católicos en México
12.11.2025
Las comunidades religiosas mexicanas logran frenar una ley que limitaría su expresión en plataformas digitales
Suponían limitaciones al entorno digital, sometiendo sermones, perfiles en redes sociales, homilías transmitidas en directo y otras manifestaciones digitales de fe a la supervisión gubernamental.
(Agencias/InfoCatólica) El legislador mexicano Arturo Ávila anunció el lunes 10 de noviembre la retirada de una polémica propuesta legislativa que pretendía establecer nuevas limitaciones a sacerdotes, pastores y demás dirigentes religiosos en el ámbito digital. La resolución se adoptó después de realizar extensas consultas con representantes de las distintas comunidades religiosas mexicanas, incluyendo organizaciones islámicas, judías, mormonas y cristianas, además de la jerarquía católica.
Ávila «fundamentó» la retirada como un avance hacia la «construcción, junto con todos los actores involucrados, de un marco regulatorio responsable y consensuado» que aborde los desafíos de la comunicación digital, preservando simultáneamente la libertad religiosa.
La iniciativa buscaba incorporar un tercer párrafo al Artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que tradicionalmente ha vedado a las instituciones religiosas poseer u operar medios de comunicación convencionales como radio y televisión. La propuesta de Ávila habría ampliado estas limitaciones al entorno digital, sometiendo sermones, perfiles en redes sociales, homilías transmitidas en directo y otras manifestaciones digitales de fe a la supervisión gubernamental mediante la recién establecida Agencia para la Transformación Digital y las Telecomunicaciones, en coordinación con la Secretaría de Gobernación.
La respuesta fue inmediata y extendida. Los detractores alertaron que la propuesta arriesgaba convertir a México en una nación donde los dirigentes religiosos podrían enfrentar penalizaciones por expresar opiniones morales o sociales en internet, recordando épocas anteriores cuando las voces eclesiásticas eran intensamente vigiladas y censuradas.
Organizaciones de la sociedad civil lideraron campañas de recolección de firmas contra la medida, sosteniendo que amenazaba con limitar el debate público y vulnerar las garantías constitucionales de libertad religiosa y de expresión.
Durante las consultas del lunes, representantes de diversas comunidades religiosas expresaron su inquietud compartida por el potencial de la propuesta para imponer una barrera digital a la libertad de expresión espiritual. Subrayaron que el ministerio religioso contemporáneo depende progresivamente de las plataformas digitales para alcanzar a las comunidades, especialmente en un país donde el acceso a internet permite al clero atender a poblaciones remotas o marginadas.
Ávila reconoció la legitimidad de estas inquietudes, indicando que «los desafíos digitales de nuestra época requieren un debate cuidadoso y matizado para fortalecer el Estado laico, garantizando plenamente la libertad religiosa».
Los observadores interpretan este episodio como un indicativo de cómo México enfrentará la intersección entre tecnología, gobernanza y fe. La propuesta inicial reflejaba la preocupación generalizada entre los legisladores por regular las redes sociales y contener el discurso de odio digital, pero su enfoque, que imponía restricciones específicas a las organizaciones religiosas, fue ampliamente criticado por considerarse excesivo y constitucionalmente dudoso.
Analistas jurídicos señalan que, aunque el gobierno podría continuar explorando mecanismos para moderar el contenido perjudicial en internet, dirigirse específicamente contra la expresión religiosa podría generar serios problemas legales y agravar las tensiones con las comunidades religiosas.
Por el momento, se ha evitado la amenaza inmediata a la libertad de expresión religiosa digital en México, pero el debate dista de estar concluido. La retirada de la propuesta de Ávila demuestra el poder de la participación ciudadana y la relevancia del diálogo con los actores afectados, pero también evidencia el delicado equilibrio entre regulación, libertad de expresión y protección de la práctica religiosa en la era digital.
