04.07.2025
Van más de 3 millones de abortos en España a 40 años de su aprobación
04.07.2025
El 5 de julio de 2025 se cumplen 40 años de la primera ley del aborto en España. Desde entonces, más de tres millones de personas han sido privadas del derecho a la vida, pese a las movilizaciones y la predicación profética de la Iglesia Católica.
Así llegó la despenalización del aborto en tres supuestos, impulsada por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE): riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, sin límite de semanas de vida prenatal; violación, hasta las 12 semanas de gestación, con denuncia previa; y malformaciones graves, hasta las 22 semanas.
Las estadísticas oficiales recogieron 9 abortos en 1985, 411 en 1986 y 16.206 en 1987. Al año siguiente se superaron los 30.000. La cota de los 50.000 se superó por primera vez en 1996 y, una década después, se superaron los 100.000 abortos anuales registrados.
Esas cifras se mantuvieron hasta 2014, en que cayeron hasta casi los 95.000. Con oscilaciones desde entonces, en 2023, última cifra publicada, se volvió a la cifra de 103.097.
Las estadísticas oficiales sobre aborto quirúrgico cifran en 3.031.420 los seres humanos abortados. A estos hay que sumar, según el estudio Los que nos faltan elaborado por la asociación pública de fieles Spei Mater, a "cientos de miles de embriones abortados por la píldora del día siguiente".
El documento también subraya que, en estos años, se ha vulnerado la dignidad de toda vida humana de "miles o millones de embriones congelados y desechados como producto de la fecundación in vitro", los embriones a los que se impidió su implantación uterina con dispositivos como el DIU o por los efectos abortivos de las píldoras anticonceptivas.
Pese a la alternancia de poder y a las teóricas posiciones provida del Partido Popular, al menos durante algunos años, nunca se produjo un cambio a favor del derecho a la vida en España en cuatro décadas.
Desde la aprobación de la ley y durante la última década del siglo XX, voces feministas impulsaron una nueva reforma, llamada del "cuarto supuesto" que buscaba dar carta de naturaleza al fraude de ley que suponía que casi el 100% de los abortos se acogieran al supuesto despenalizador del "riesgo psicológico" de la madre.
Sin embargo, no llegó a concretarse, en parte por las movilizaciones provida frente al Congreso de los Diputados.
La ley del aborto se mantuvo durante los dos mandatos (1996-2004) del Ejecutivo liderado por José María Aznar, del Partido Popular, pese a que la formación se definía como inspirada en los valores cristianos.
Ley de aborto libre en 2010
El socialista José Luis Rodríguez Zapatero, durante su segundo mandato como presidente del Gobierno, aprobó en 2010 la llamada Ley Aído (por la ministra Bibiana Aído, encargada de impulsarla).
Se trató de una ley que abandonaba el esquema despenalizador y situaba el aborto no como un mal eximido en ciertos supuestos, sino como un derecho de la madre a matar a su hijo a voluntad durante las primeras 14 semanas de vida prenatal y sólo limitado en teoría después según algunas circunstancias.
En un primer momento, el procedimiento requería de un consentimiento informado y un periodo de reflexión de 3 días, y la niñas de 16 y 17 años no podían acceder sin consentimiento de los padres (lo que fue eliminado poco después). Sin embargo, fueron reiteradas las críticas desde los movimientos provida por su incumplimiento.
Esta norma fue contestada con numerosas y multitudinarias manifestaciones, impulsadas por organizaciones provida como Derecho a Vivir, la Federación de Asociaciones Provida de España o el Foro de la Familia.
Promesas incumplidas del Partido Popular
En 2011, el Partido Popular (PP) interpuso un recurso de inconstitucionalidad y se comprometió en campaña a cambiar el modelo de la ley de 2010 y "reforzar la protección del derecho a la vida" así como "promover una ley de protección de la maternidad, con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas". Ganó las elecciones generales con mayoría absoluta.
En diciembre de 2013, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada. Esta norma prohibía el aborto libre a petición, lo permitía en caso de violación hasta la semana 12 de vida intrauterina y por grave riesgo para la salud de la madre, previa acreditación de dos médicos. Además, eliminaba el supuesto de malformación fetal.
Sólo nueve meses después, el Ejecutivo retiró su anteproyecto, alegando "falta de consenso" y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dimitió.
En marzo de 2015, el PP reformó ligeramente la ley de aborto libre sin modificar el sistema de plazos y recuperando el consentimiento paterno en las chicas de 16 y 17 años. Además, "purgó" de sus listas electorales a las elecciones de diciembre de 2015 a los parlamentarios provida y eliminó cualquier planteamiento provida en su XVIII Congreso, celebrado en febrero de 2017, como dejó reflejado en su tesis doctoral la ex parlamentaria del PP, Lourdes Méndez Monasterio.
Esta mínima modificación fue restituida por el Gobierno de Pedro Sánchez en el año 2023, que además eliminó el periodo de reflexión de tres días, garantizó que se realicen los homicidios prenatales en la red sanitaria pública y limitó la objeción de conciencia de los médicos, entre otras medidas.
Unos meses antes, además, se aprobó una modificación del Código Penal que pretende criminalizar como acoso la acción informativa y asistencial de los provida en las inmediaciones de los negocios de aborto.
Acciones provida y predicación de la Iglesia Católica
En estos cuarenta años han sido numerosos los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), incluso antes de que falleciera Francisco Franco, se abriera la etapa de la Transición y se aprobara una nueva Constitución para un sistema de Monarquía parlamentaria en España en el que se recogió el derecho a la vida: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".
Así, en octubre de 1974, un mes antes de la muerte de Francisco Franco, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe difundió una nota en la que ya establecía que, en el debate sobre el aborto, "está en juego uno de los principios fundamentales no sólo de la moral cristiana, sino de toda ética: el del valor en sí de la vida humana y su consiguiente inviolabilidad", lo circunscribía al contexto "de una sociedad progresivamente materializada".
Además abordaba el debate sobre los casos de "riesgo para la vida de la madre" y de "anomalías congénitas", recordaba a los médicos su vocación de cuidar la vida humana y enviaban un mensaje a las madres "sobre todo a las que sientan la tentación de destruir la vida que llevan en sus entrañas; les pedimos que sepan comprender la grandeza de su vocación de mujer y de madre; que sientan lo sublime de su función, que consiste en llamar a la vida y dar acogida y alimento a ese nuevo ser que Dios les ha confiado".
Tras este pronunciamiento, llegaron otros muchos en la década de los 80, como los documentos La vida y el aborto y La despenalización del aborto, de 1983 o los que fueron publicados en 1985: ante el fallo del Tribunal Constitucional, sobre la cuestión de la conciencia moral en relación al aborto y las "actitudes morales y cristianas" ante la despenalización.
En 1986, cuando ya se empezaba a hablar del cuarto supuesto de despenalización por razones económicas, los obispos españoles señalaron en una nueva declaración que, de aprobarse, "constituiría la más dramática expresión del egoísmo humano, de la injusticia estructural y de la insolidaridad social. Los pobres no tendrían derecho a nacer".
En 1991, la CEE publicó El aborto. Cien cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la actitud de los católicos, un compendio de la doctrina católica sobre la protección de la vida humana.
A finales de los 90 y entrando en el tercer milenio, los pronunciamientos eclesiales pusieron el foco en el aborto químico y, en concreto, sobre el uso de la píldora RU-486, que mediante la mifepristona, bloquea la progesterona, hormona esencial para la viabilidad del embarazo. Junto a este compuesto se administra otro, el misoprostol, que provoca contracciones para expulsar el embrión muerto. Esta píldora fue aprobada en 1999.
Esta reflexiones fueron recogidas en documentos como El aborto con píldora también es un crimen, Licencia aún más amplia para matar a lo hijos o Con la píldora también se mata.
Desde el año 2000, la CEE abordó la cuestión sobre la llamada "píldora del día siguiente" advirtiendo que se trata de "una auténtica técnica abortiva y no simplemente anticonceptiva".
Ya en 2009, ante el anuncio de una ley de aborto libre, la CEE puso en marcha una campaña de comunicación con el lema "Protege mi vida" ante el aumento de la aceptación social del aborto a la que siguió otra titulada "¡Es mi vida!... está en tus manos!", que utilizó como lema "Es un tú en ti".
En 2010, ante la entrada en vigor de la nueva ley del aborto, los obispos denunciaron que se trataba de "una ley objetivamente incompatible con la recta conciencia moral —en particular, la católica— ya que, desde el punto de vista ético, empeora la legislación vigente".
En el año 2023, la CEE se preguntaba en otro pronunciamiento si el derecho a la vida es inconstitucional en España, tras una controvertida sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó el un recurso contra la ley aprobada en 2010.
Por Nicolás de Cárdenas
