10.11.2025
Propone Morena iniciativa para censurar a sacerdotes en Redes Sociales
10.11.2025
El nuevo párrafo exigiría que todos los ministros u organizaciones religiosas que operan plataformas digitales —desde cuentas de TikTok hasta homilías transmitidas en directo— sigan las normas establecidas por la nueva Agencia para la Transformación Digital y las Telecomunicaciones del gobierno, en coordinación con el Ministerio del Interior.
(ZENIT News / Ciudad de México, 11.09.2025).- Cuando el Congreso mexicano abrió el debate a principios de noviembre de 2025 sobre una propuesta para regular las publicaciones en línea de sacerdotes, pastores y monjas, pocos anticiparon la controversia que generaría. Sin embargo, la iniciativa, presentada por el diputado Arturo Ávila Anaya, del partido Morena, se ha convertido rápidamente en un acalorado debate nacional sobre la fe, la libertad y los límites del Estado laico en la era digital.
En el centro de la controversia se encuentra una propuesta de enmienda al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Durante décadas, dicho artículo ha prohibido a las instituciones religiosas poseer u operar medios de comunicación audiovisuales. La propuesta de Ávila extiende esa prohibición al mundo virtual, buscando someter las voces religiosas en las redes sociales al mismo escrutinio que antes se reservaba a la radio y la televisión.
El nuevo párrafo exigiría que todos los ministros y organizaciones religiosas que operen plataformas digitales —desde cuentas de TikTok hasta homilías transmitidas en directo— cumplan con las normas establecidas por la nueva Agencia para la Transformación Digital y las Telecomunicaciones del gobierno, en coordinación con el Ministerio del Interior. El objetivo, según su autor, es garantizar el respeto a los derechos digitales, la neutralidad de la red y la prevención del discurso de odio. Para los partidarios de Morena, esta es una modernización necesaria.
Argumentan que la ley fue redactada en una era analógica, cuando la neutralidad del Estado se veía amenazada por las licencias de radiodifusión, no por los vídeos virales. Hoy, cuando las figuras religiosas cuentan con millones de seguidores en línea, el gobierno debe, en su opinión, establecer límites que protejan el pluralismo y eviten el uso indebido de la fe como arma política. Pero los críticos —y son muchos— ven algo más siniestro. La Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) denunció la propuesta como un ataque velado a la libertad de expresión, advirtiendo que sometería a sacerdotes y creyentes a la vigilancia estatal. «Es censura disfrazada de ley», afirmó Uriel Esqueda, abogado de la organización cívica Actívate.org.mx. «Por primera vez en décadas, los líderes religiosos serían los únicos ciudadanos cuyas declaraciones en plataformas digitales estarían sujetas a regulación federal».
El arzobispo Ramón Castro, presidente de la CEM, intensificó estas preocupaciones al compartir una declaración en línea de «influencers católicos» que calificaba la iniciativa como «una grave violación del derecho internacional». La publicación acusaba al gobierno de instrumentalizar el discurso de la tolerancia para silenciar las opiniones religiosas. «Dicen que se trata de prevenir el odio», decía el mensaje, «pero en realidad se trata de impedir que se escuche la fe».
Quienes defienden la propuesta rechazan tales acusaciones, insistiendo en que su intención no es silenciar, sino estandarizar. Señalan la inclusión de principios digitales progresistas —accesibilidad para personas con discapacidad, promoción del patrimonio cultural y supervisión de los algoritmos para evitar la discriminación— como prueba de un enfoque equilibrado. Asimismo, destacan que el proyecto de ley prohíbe explícitamente el proselitismo político y la discriminación por parte de figuras religiosas, lo que, según afirman, fortalece el carácter laico del Estado. Sin embargo, el fantasma del control gubernamental sobre sermones, oraciones o comentarios religiosos ha generado una profunda inquietud.
Organizaciones de la sociedad civil han lanzado campañas de recolección de firmas para bloquear la iniciativa, reuniendo decenas de miles de firmas y advirtiendo que México corre el riesgo de retroceder a una época en la que los sacerdotes podían ser castigados por hablar públicamente sobre temas morales o sociales. La controversia toca una fibra sensible en la psique nacional mexicana.
El compromiso del país con la laicidad, la estricta separación entre Iglesia y Estado, sigue siendo uno de sus principios fundamentales, pero también lo es la libertad de conciencia. Internet, espacio donde ambas convergen, se ha convertido en el nuevo frente de esta lucha. Independientemente de que el proyecto de ley sea aprobado o no, ya ha logrado algo: ha obligado a México a afrontar una pregunta incómoda.
En un mundo digital donde todo sacerdote es un potencial comunicador y todo creyente un editor, ¿puede el Estado seguir trazando una línea clara entre la fe y la vida pública sin caer en la censura? Los próximos meses determinarán no solo el destino de la iniciativa, sino también cómo México define la libertad misma en una era en la que las creencias se transmiten, se tuitean y se comparten en tiempo real.
